En el primer aniversario del asalto al Capitolio en Brasil, se refleja la tensión política y el papel de los militares en el gobierno.
El 8 de enero de 2023 marcó un hito en la historia de Brasil cuando una multitud de seguidores de Jair Bolsonaro, descontentos con su derrota electoral, asaltaron la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia. Este incidente sin precedentes profundizó la polarización en el país y resaltó la influencia de los militares en el gobierno de Bolsonaro.
En ese día crítico, cuando Lula da Silva retomaba el poder, grupos de ultraderechistas llegaron a Brasilia en decenas de autobuses. Estas protestas, iniciadas dos meses antes, se convirtieron en una violenta manifestación contra el nuevo gobierno de Lula.
Los manifestantes, muchos vestidos con colores patrióticos, irrumpieron en el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio de Planalto, causando daños materiales significativos. En ese momento, Bolsonaro, que se encontraba de vacaciones en Estados Unidos y que no había reconocido su derrota, tardó en reaccionar y, cuando lo hizo, comparó el incidente con protestas anteriores de la izquierda.
La respuesta de Lula no se hizo esperar. Despidió al general Júlio Cesar de Arruda como jefe del Ejército y realizó cambios en la agencia de Inteligencia, criticando su falta de acción ante el ataque.
Las fuerzas de seguridad, tras una reacción inicialmente lenta, lograron retomar el control de los edificios y detuvieron a unas 1.900 personas, aunque muchas fueron liberadas al día siguiente.
De los detenidos, solo 250 fueron arrestados por su participación directa en los ataques. Estos individuos ahora enfrentan juicios por intento de golpe de Estado y podrían recibir penas de más de 20 años de prisión.
A lo largo del año, el Tribunal Supremo ha liberado a la mayoría de los acusados bajo fianza, a la espera de juicio, imponiéndoles condiciones como restricciones en redes sociales y el uso de tobilleras electrónicas.
Actualmente, 66 personas permanecen detenidas, de las cuales 30 ya han sido condenadas, aunque solo ocho están cumpliendo su sentencia. La operación ‘Lesa Patria’ ha centrado su atención en quienes financiaron e instigaron el ataque.
El ataque fue precedido por una estrategia de comunicación bien orquestada que movilizó a los seguidores de Bolsonaro. Utilizaron códigos como ‘Festa da Selma’ para coordinar movimientos en línea sin levantar sospechas.
‘Selma’, un término militar que hace referencia a la Amazonia, se convirtió en un símbolo de esperanza para los seguidores de Bolsonaro, creyendo que aún podía retener el poder.
Bolsonaro, ahora investigado por instigar los ataques, ha sido inhabilitado por 16 años para ocupar cargos públicos por el TSE, debido a abusos de poder y uso indebido de recursos públicos.
Durante su ausencia en Estados Unidos, varios de sus colaboradores cercanos fueron detenidos por su implicación en los hechos del 8 de enero. Entre ellos, Anderson Torres, exministro de Justicia y secretario de Seguridad de Brasilia en ese momento, fue liberado tras cuatro meses en prisión.
En su domicilio se encontró el ‘borrador golpista’, que detallaba la creación de una comisión electoral para cuestionar la imparcialidad del proceso electoral, basándose en las acusaciones infundadas de fraude por parte de Bolsonaro.
Otro detenido fue el coronel Mauro Cid, asesor principal de Bolsonaro, arrestado en relación con una investigación sobre la gestión fraudulenta de datos de vacunación contra la COVID-19. En su teléfono se encontró un borrador para declarar el Estado de sitio en Brasil tras las elecciones.
Tras un acuerdo de colaboración con la Justicia, Cid fue liberado en septiembre. Se le implicó en un esquema que Bolsonaro habría utilizado para no declarar regalos oficiales.
Mientras Bolsonaro pasa el aniversario del 8 de enero en Río de Janeiro, Lula ha anunciado un acto para conmemorar que «la democracia derrotó el intento de golpe».
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