El TC ordena juramentar a 16 beneficiarios de naturalización y obliga a Interior y Policía a completar el proceso bajo sanción por cada día de demora.
El Tribunal Constitucional ordenó al Ministerio de Interior y Policía concluir el proceso de naturalización ordinaria de 16 personas nacidas en territorio dominicano que fueron favorecidas por decretos presidenciales. La decisión quedó establecida en la sentencia TC/0473/26, mediante la cual la alta corte revocó un fallo previo del Tribunal Superior Administrativo que había declarado inadmisible la reclamación presentada por los afectados.
En su decisión, el tribunal también impuso una astreinte de cinco mil pesos diarios contra el Ministerio de Interior y Policía por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia, una vez transcurran diez días desde su notificación. Además, excluyó al Ministerio de la Presidencia del expediente al considerar que la responsabilidad legal de completar el acto de juramentación y emitir la certificación correspondiente recae exclusivamente sobre Interior y Policía. La sentencia sostiene que «La ley es clara al establecer la responsabilidad que recae sobre el Ministro de Interior y Policía tan pronto se haya verificado o comprobado la publicación del decreto de referencia… impone la obligación de juramentar al naturalizado y de emitir el certificado correspondiente».
El Tribunal Constitucional entendió que la omisión administrativa constituía una violación continua de derechos fundamentales esenciales, entre ellos el libre tránsito, el trabajo, la educación, la seguridad social, la identidad y el libre desarrollo de la personalidad. El caso se originó por el retraso en la juramentación de personas amparadas por la Ley núm. 169-14, a pesar de haber sido beneficiadas por los decretos núm. 262-20 y 297-21. Aunque el Ministerio de Interior y Policía alegó que los solicitantes no habían acudido a registrar datos biométricos conforme al Decreto núm. 250-14, la alta corte decidió conocer el fondo del recurso y acoger la acción de amparo, al considerar que no se trataba de un simple trámite burocrático, sino de una afectación directa y prolongada de derechos constitucionales.
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