La tala de árboles en Baní provoca indignación por la eliminación de robles centenarios y mangos. Ciudadanos y ambientalistas exigen sanciones, responsabilidades y explicaciones sobre los permisos de la obra.
La tala de árboles en Baní ha generado una creciente controversia entre ciudadanos, ambientalistas y organizaciones comunitarias, luego de que fueran cortados varios robles con más de 84 años de antigüedad, según expertos, y árboles de mango ubicados en las inmediaciones de la Gobernación Provincial de Peravia. La intervención ocurrió como parte de un proyecto de remodelación de instalaciones gubernamentales valorado en 57 millones de pesos, cuya ejecución está a cargo de la empresa Servicios Ingenieriles y Mineros SRL. Tras varios días de cuestionamientos, el senador Julito Fulcar manifestó su rechazo a la eliminación de las especies y atribuyó la decisión a la compañía contratista, asegurando que la gobernadora Yadira Báez desconocía lo ocurrido.
El senador sostuvo que los trabajos se ejecutaron de manera inesperada durante un fin de semana, sin conocimiento previo de las autoridades provinciales. «Cuando vinimos a darnos cuenta, los árboles ya estaban cortados», afirmó, al tiempo que planteó la necesidad de «resarcir el daño» mediante la siembra de nuevas especies. Sin embargo, estas explicaciones han provocado nuevas interrogantes sobre los mecanismos de supervisión de la obra y el cumplimiento de las disposiciones ambientales. La Alcaldía de Baní, encabezada por Santo Ramírez, denunció que los trabajos se realizaron sin los permisos municipales correspondientes. Asimismo, especialistas en derecho ambiental y profesionales del área agrícola consultados por Listín Diario señalaron que debe distinguirse entre la responsabilidad de quienes ejecutaron físicamente la tala y las obligaciones de fiscalización que corresponden a las instituciones públicas encargadas de supervisar las intervenciones.
La controversia también ha puesto bajo cuestionamiento la actuación del Ministerio de Medio Ambiente y otras autoridades competentes, debido a que, según la información publicada, no se habían anunciado sanciones, multas ni acciones judiciales contra los responsables de la eliminación de los árboles. Organizaciones comunitarias, estudiantes, ambientalistas y sindicatos de motoconchistas consideran insuficiente la propuesta de sustituir los ejemplares destruidos mediante nuevas plantaciones, al entender que el daño ambiental requiere una investigación conforme a la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. Entre las principales exigencias figuran la presentación pública de los permisos y expedientes técnicos de la remodelación, el establecimiento de responsabilidades administrativas y penales cuando corresponda, y la investigación de posibles omisiones de los funcionarios encargados de la supervisión.
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