El proceso de renovación de jueces en Guatemala examina su sistema judicial, acusado de obstaculizar la lucha anticorrupción.
La justicia guatemalteca enfrenta un examen crucial con la renovación de más de 250 jueces de la Corte Suprema y salas de apelaciones. Este proceso, que fue suspendido por gobiernos anteriores, ha generado expectativas sobre si logrará limpiar un sistema judicial acusado de proteger a políticos y empresarios corruptos. Las organizaciones que monitorean el sistema judicial temen que se manipule la selección, ya que algunos jueces y fiscales cuestionados buscan mantenerse en sus cargos.
El proceso llega en un momento crítico, marcado por la llegada al poder de Bernardo Arévalo, quien ha prometido combatir la corrupción. La fiscal general, Consuelo Porras, ha sido señalada por más de 40 países de obstaculizar estos esfuerzos y su enfrentamiento con Arévalo ha generado más tensiones. El Alto Comisionado de la ONU y la OEA siguen de cerca el proceso, advirtiendo de la posibilidad de manipulación. La renovación de las cortes es vista como una oportunidad para sanear un poder judicial deteriorado.
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