La Ley 1-24, que crea la DNI, enfrenta oposición por violar la Constitución, limitando la libertad de prensa y derechos ciudadanos.
La nueva Ley 1-24, que establece la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en República Dominicana, enfrenta fuerte oposición por parte de diversas entidades, incluyendo el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), el Consejo Nacional de la Unidad Evangélica (Codue), el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) y el abogado Cándido Simón, quienes argumentan que la ley es contraria a los principios constitucionales.
Aurelio Henríquez, presidente del CDP, enfatizó que la ley infringe la Carta Magna al exigir que los ciudadanos proporcionen información a los oficiales de la DNI en temas de seguridad nacional. Esta exigencia entra en conflicto directo con el artículo 49 de la Constitución, que protege a los periodistas al garantizar la confidencialidad de sus fuentes. Henríquez destacó la discrepancia entre las obligaciones de los periodistas de informar al público y los oficiales de la DNI de investigar información que pueda comprometer la seguridad del Estado.
El artículo 11 de la ley, que permite a la DNI acceder a información de bases de datos públicas y privadas, fue criticado por atentar contra la privacidad de datos personales. Adicionalmente, el abogado Cándido Simón alertó sobre la naturaleza inconstitucional de la ley, describiéndola como un retorno al estado policial, que viola derechos fundamentales y la esencia de la democracia.
El CODUE, representado por su presidente, el pastor Feliciano Lacen Custodio, expresó su preocupación por cómo esta ley limita derechos fundamentales como la libertad y la privacidad. El Falpo, liderado por Gabriel Sánchez, exigió modificaciones a la ley, destacando la importancia de proteger los derechos ciudadanos.
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