La prisión preventiva en República Dominicana supera el 60 % de la población reclusa, según el PNUD, que alerta sobre debilidades estructurales en la justicia penal.
La prisión preventiva en República Dominicana afecta a más de la mitad de la población carcelaria, pese a que la legislación la contempla como una medida excepcional. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sitúa al país como el segundo de América Latina y el Caribe con mayor proporción de personas encarceladas sin condena, solo por debajo de Haití. De acuerdo con el reporte, más del 60 % de los reclusos en territorio dominicano permanecen bajo esta condición.
Según los datos citados, en el país hay unas 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000 son presos preventivos. El informe “Democracias Bajo Presión” sostiene que esta realidad evidencia una debilidad estructural del sistema de justicia penal, especialmente en la capacidad de investigar, procesar y sancionar con oportunidad. También advierte que las investigaciones lentas, los tribunales sobrecargados y la presión por exhibir resultados en seguridad favorecen el uso de la prisión preventiva como sustituto de procesos eficaces.
El estudio señala además que esta práctica termina trasladando las fallas del debido proceso al sistema penitenciario, lo que contribuye al hacinamiento y debilita el control estatal sobre las cárceles. El PNUD subraya que en América Latina y el Caribe la población penitenciaria ha crecido de manera acelerada desde inicios de siglo, impulsada por políticas más punitivas y por el uso extensivo de esta medida. Asimismo, resalta que las personas encarceladas suelen pertenecer a sectores socialmente vulnerables, con menor acceso a defensa legal y mayores dificultades para demostrar arraigo.
El reporte también vincula esta situación con limitaciones en la profesionalización policial, baja capacidad investigativa e impunidad, factores que debilitan la respuesta coercitiva del Estado frente al delito. En ese contexto, el documento advierte que la efectividad de la seguridad no depende solo de operativos, sino de la posibilidad real de investigar, procesar y sancionar de forma consistente. Para el organismo, el abuso de la prisión preventiva no solo afecta derechos fundamentales, sino que refleja problemas más profundos en la estructura de la justicia penal dominicana.
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