Policías jubilados sobreviven con pensiones de 10 mil pesos y denuncian que la ley no garantiza ajustes, dejándolos en condiciones de pobreza extrema.
Policías retirados de bajo rango denuncian que sobreviven en condiciones de extrema precariedad debido a pensiones que rondan los 10 y 11 mil pesos mensuales, montos que aseguran no cubren ni siquiera la alimentación básica ni los medicamentos. Casos como el del primer teniente retirado Aquilino Ciprián de la Cruz, de 86 años, reflejan una realidad marcada por décadas de servicio al Estado y un retiro sin protección social suficiente. “No tenemos ni siquiera para cocinar una vez al día”, lamenta el exoficial, quien considera que el último aumento dispuesto por el Gobierno fue insuficiente.
La situación se agrava por un vacío legal. Aunque las leyes 96-04 y 590-16 regulan la función policial y el retiro, ninguna establece un mecanismo obligatorio de actualización de las pensiones para los rangos bajos, lo que provoca que los ingresos pierdan valor con el paso del tiempo y queden sujetos únicamente a la discrecionalidad del presidente de turno. Las autoridades reconocen esta limitación, aunque desde el Ministerio de Interior y Policía se ha prometido que una reforma en discusión contempla un nuevo sistema para garantizar pensiones dignas a los agentes retirados.
En contraste, los altos mandos jubilados han recibido aumentos significativos mediante decretos presidenciales, lo que ha profundizado la desigualdad dentro del sistema. Exoficiales denuncian además la existencia de un esquema de influencias, donde algunos agentes logran pensiones elevadas gracias a conexiones internas, mientras la mayoría permanece con ingresos mínimos. Activistas y retirados reclaman una reforma estructural que establezca aumentos escalonados, basados en el rango, el tiempo de servicio y la función desempeñada, para corregir lo que califican como una injusticia histórica contra quienes menos ganaron durante su vida activa.
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