Gustavo Petro presentó una ley que ofrece beneficios penales a grupos armados y criminales a cambio de someterse a la justicia y desarmarse.
El presidente Gustavo Petro presentó al Congreso colombiano un proyecto de ley que ofrece beneficios penales a grupos armados ilegales y bandas criminales como parte de su estrategia de “paz total”. Esta iniciativa busca crear un marco legal para negociar el desarme y la rendición de estas estructuras, incluyendo guerrillas como el ELN y cárteles como el Clan del Golfo, así como procesados por protestas sociales.
El plan contempla rebajas de penas entre 40% y 70%, dependiendo del grado de colaboración, y permite conservar hasta un 12% de los bienes ilícitos entregados. A cambio, se exige desarme, confesión, reparación a víctimas, entrega de menores reclutados y el compromiso de no reincidir. La fiscalía será la encargada de negociar y juzgar estos casos mediante mecanismos especiales de justicia.
Pese a su enfoque ambicioso, el proyecto ha sido criticado por sectores que temen que se promueva la impunidad y la reincidencia criminal. Figuras como el expresidente Juan Manuel Santos han advertido sobre la falta de planificación, mientras otros dudan de su viabilidad sin acuerdos previos con los actores ilegales.
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