Los nuevos institutos públicos impulsados por legisladores han intentado sumar más de 20 entidades al Estado, con posibles duplicidades y mayor presión sobre el gasto público.
Los nuevos institutos públicos impulsados por legisladores han marcado una tendencia recurrente en el Congreso Nacional durante los últimos años, pese a los reiterados discursos de austeridad promovidos desde el Poder Ejecutivo. Registros de la Cámara de Diputados y del Senado muestran que, en las últimas dos décadas, se han presentado más de veinte iniciativas orientadas a crear nuevas entidades estatales, muchas de ellas vinculadas a productos agrícolas específicos como el coco, el casabe, la semilla, el cacao, el banano y el aguacate.
Estas propuestas no han respondido a una sola organización política, sino que han sido promovidas por representantes de distintas fuerzas partidarias. Entre los casos más notorios figura el Instituto Nacional del Coco, conocido como Inacoco, impulsado por figuras políticas de María Trinidad Sánchez y con una disposición que fijaba su sede en Nagua. A este tipo de proyectos se suman el Instituto Nacional del Casabe, el Instituto Nacional de la Semilla, el Instituto Dominicano de las Leguminosas, el Instituto Nacional del Cacao, el Instituto Nacional del Banano y otras iniciativas que comparten un mismo patrón: establecer organismos nacionales con sedes en territorios estrechamente vinculados a sus proponentes.
El debate sobre estas piezas legislativas también ha puesto sobre la mesa la posible duplicidad de funciones dentro del aparato estatal. Varias de las tareas que asumirían estos institutos ya recaen sobre dependencias del Ministerio de Agricultura, organismos de investigación, fondos de financiamiento agropecuario y entidades de promoción productiva. En ese contexto, crear más instituciones no solo aumentaría la carga presupuestaria, sino que también podría generar más burocracia y una superposición de responsabilidades. El caso de la Industria Nacional de la Aguja ha sido citado como ejemplo de ineficiencia y duplicación, en contraste con entidades ya existentes con mayor capacidad operativa. Aunque ninguna de estas propuestas ha culminado su proceso legislativo completo, su eventual aprobación chocaría con la política oficial de fusión y reducción de organismos públicos.
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