El presidente Abinader promulgó la Ley 97-25, una reforma al Código Procesal Penal que agiliza procesos y refuerza derechos fundamentales.
El presidente Luis Abinader puso en vigencia la Ley 97-25, reforma integral del Código Procesal Penal que sustituye la Ley 10-15, atendiendo a la Sentencia TC 0765-24 del Tribunal Constitucional. Según el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, el nuevo texto incorpora criterios actuales del Tribunal Constitucional y la Suprema Corte, fortaleciendo los principios democráticos que rigen el sistema penal y modernizando procedimientos esenciales del proceso judicial. La norma será publicada en la Gaceta Oficial y entrará en vigor de inmediato: el martes en el Distrito Nacional y el miércoles en el resto del país.
Entre las innovaciones más relevantes, la reforma amplía los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, incorporando justicia restaurativa, acuerdos, criterios de oportunidad y conciliaciones. También extiende la suspensión condicional del procedimiento para hechos sancionados con hasta cinco años de prisión. La ley refuerza el derecho de defensa desde los primeros actos del proceso, amplía los plazos para la presentación de escritos y facilita la solicitud de contraperitajes. Además, fija límites de dos años para los archivos provisionales, antes sin plazo, y consolida una aplicación más humana mediante el principio de favorabilidad.
La reforma también redefine el régimen de medidas de coerción con reglas más estrictas para arrestos y comparecencias, aumentando el control judicial sobre la prisión preventiva. Se introduce un criterio claro de plazo razonable: cuatro años para procesos ordinarios y cinco para complejos, junto con un sistema de apelación más efectivo que elimina el “nuevo juicio”. El consultor jurídico destacó que este Código Procesal Penal reformado impulsa una justicia más ágil y especializada, armonizada con el nuevo Código Penal, y es fruto de un amplio consenso entre el Congreso, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensa Pública y diversos sectores jurídicos del país.
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