Psiquiatras y jueces coinciden en que la crisis penitenciaria dominicana exige un cambio estructural, con énfasis en la salud mental.
La crisis del sistema penitenciario dominicano ha puesto en el centro del debate la salud mental de los privados de libertad. La psiquiatra Katy Gisel Gómez denunció la escasez de especialistas, afirmando que apenas seis nuevos psiquiatras resultan insuficientes para atender a casi 27,000 reclusos. A su juicio, urge un protocolo claro que permita diferenciar a quienes padecen verdaderos trastornos de aquellos que simulan para evadir condenas, junto con la creación de un sanatorio penitenciario especializado.
El juez Rafael Báez calificó la situación como un “holocausto penitenciario”, marcado por el hacinamiento, la insalubridad, la mala alimentación y la corrupción. Consideró que la solución no pasa por construir más cárceles, sino por reducir la población carcelaria mediante la liberación de adultos mayores, enfermos y condenados por delitos menores, además de impulsar un cuerpo de custodia especializado independiente de la Policía y las Fuerzas Armadas.
El reciente ataque en Naco, atribuido a un joven con aparentes trastornos mentales, reavivó el debate sobre el destino de los acusados inimputables. Aunque existen pabellones de salud mental en cárceles como Najayo, La Vega y San Pedro de Macorís, los expertos coinciden en que las condiciones siguen siendo inadecuadas. La reforma, insisten, debe centrarse en la dignidad humana y en un sistema de atención psiquiátrica penitenciaria que aún no se ha materializado.
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