La OCDE advierte que la IA podría automatizar gran parte de las tareas rutinarias del servicio público, aunque también destaca riesgos y desafíos que los gobiernos deben enfrentar.
La inteligencia artificial avanza como herramienta clave para agilizar procesos en el sector público, según un estudio de la OCDE sobre el uso gubernamental de estas tecnologías. La investigación destaca que, en países con mayor madurez digital, la IA se concibe como un motor estratégico para mejorar la eficiencia, fortalecer la transparencia y lograr políticas más efectivas. El Instituto Alan Turing estima que en el Reino Unido podría automatizar hasta el 84% de las transacciones repetitivas de la administración, lo que supone un ahorro significativo de trabajo anual.
El informe precisa que su adopción aún progresa más lentamente que en el sector privado, aunque ya tiene presencia en ámbitos como justicia, salud, participación ciudadana y compras públicas. También identifica limitaciones en áreas más reguladas, como la gestión tributaria, y subraya riesgos que van desde sesgos algorítmicos hasta la erosión de la confianza pública por falta de transparencia. La organización advierte además que una automatización mal gestionada podría desplazar personal en funciones esenciales si no se orienta a fortalecer capacidades.
La OCDE señala que la mayoría de los proyectos gubernamentales se encuentran en fases piloto, lo que ha permitido visualizar obstáculos como brechas de habilidades, dificultad para acceder a datos de calidad y la falta de directrices concretas para implementar estas herramientas. Para una adopción responsable, plantea tres ejes: habilitadores que fortalezcan gobernanza e infraestructura digital; salvaguardas que aseguren transparencia y rendición de cuentas; y mecanismos de participación que integren a ciudadanos, empresas y sociedad civil en el proceso.
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