El Gobierno propuso suprimir exenciones fiscales históricas, como la de legisladores y ONG, pero el proyecto fue rechazado.
El proyecto de reforma fiscal presentado por el Poder Ejecutivo incluía una propuesta para eliminar múltiples exenciones tributarias vigentes, generando rechazo de diversos sectores sociales. Esta iniciativa buscaba eliminar privilegios que, según el Gobierno, han afectado la recaudación sin ofrecer los beneficios esperados, como la atracción de inversiones o el cumplimiento de objetivos sociales.
Uno de los puntos más polémicos del proyecto fue la eliminación de las exoneraciones que permiten a los legisladores importar vehículos sin pagar impuestos. La propuesta derogaba la Ley 50-66, norma que ha sido modificada varias veces desde 1966 para mantener ese beneficio. También se pretendía limitar los privilegios fiscales de las ONG, que pasarían a estar exentas únicamente del Impuesto Sobre la Renta y los impuestos aplicables a donaciones, eliminando las exenciones generales de ITBIS y aranceles.
La reforma planteaba revisar los beneficios a vehículos eléctricos e híbridos, reduciendo sus incentivos a un 50% por cinco años. Asimismo, las exoneraciones por razones sociales, como las dirigidas a personas con discapacidad, se mantendrían pero con condiciones más específicas: solo se permitiría importar un vehículo adaptado cada diez años.
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