Funcionarios se beneficiaron de la antigua ley de compras mediante empresas vinculadas que obtuvieron contratos estatales por más de RD$60 millones tras asumir cargos públicos.
Durante casi dos décadas, la antigua legislación de compras y contrataciones públicas dejó abierta una posibilidad para que funcionarios de alto nivel mantuvieran vínculos societarios con empresas proveedoras del Estado, siempre que su participación no superara determinados límites. En los últimos seis años, cerca de diez funcionarios cuyos registros como proveedores fueron recientemente suspendidos estuvieron relacionados con empresas que recibieron más de RD$60 millones en contratos después de que estos asumieran funciones públicas. El caso de mayor monto corresponde a Tomasina Pascual Fanit, viceministra de Edificaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, vinculada a Mucar, SRL, compañía que obtuvo tres contratos entre 2020 y 2025 por un total de RD$53,670,910.
Entre los demás funcionarios señalados aparece Milton Morrison, quien ha ocupado la gerencia general de Edesur Dominicana y la dirección del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, vinculado a Morrison & Morrison Ingenieros Asociados, SRL. La compañía recibió dos contratos de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones por más de RD$3 millones. También se menciona al embajador dominicano en Colombia, Félix Aracena Vargas, cuyo hermano administra Aracena y Ramos, SRL, empresa contratada por el Ministerio de Cultura en 2025 por RD$1.379 millones.
La posibilidad tenía su origen en el artículo 14 de la Ley 340-06, que establecía impedimentos para contratar con el Estado a presidentes, vicepresidentes, ministros, viceministros, legisladores, alcaldes, regidores y otros altos funcionarios, pero mantenía una excepción relacionada con el porcentaje de participación societaria. La nueva Ley 47-25 eliminó esa posibilidad y prohíbe cualquier participación de funcionarios electos o designados en empresas proveedoras, independientemente del porcentaje de acciones que posean. Tras su entrada en vigor, la Dirección General de Contrataciones Públicas inició la suspensión de registros vinculados a servidores alcanzados por las nuevas incompatibilidades.
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