Familiares de víctimas de atropellos exigen prisión para los responsables, pero la justicia impone medidas menos severas.
Las muertes por atropello siguen dejando un rastro de luto en muchas familias dominicanas, cuyos parientes claman por justicia. Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos, las sanciones impuestas por la Ley 63-17 no han incluido la privación de libertad, generando indignación entre los afectados.
El caso más reciente es el de Aida Nicole Reyes Gómez, quien falleció tras ser atropellada en la avenida Winston Churchill. Su familia esperaba prisión para la conductora Raquel Guzmán Torres, pero el tribunal solo le impuso una garantía económica y el impedimento de salida. Situaciones similares se han dado en otros casos, como el de Altagracia Trinidad y su hija, atropelladas por un menor de edad, y el de Julio César de la Rosa Peralta, cuyo agresor también evitó la cárcel.
De acuerdo con la Ley 63-17, la muerte involuntaria por accidente de tránsito conlleva penas de uno a tres años de prisión y multas económicas. No obstante, los afectados exigen una reforma que tipifique estos casos como homicidio involuntario, argumentando que las sanciones actuales no reflejan la gravedad de la pérdida de vidas humanas.
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