Contrataciones Públicas suspendió 20 registros de proveedores vinculados a prácticas fraudulentas en procesos estatales mientras avanza una investigación penal.
La Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió de oficio 20 Registros de Proveedores del Estado pertenecientes a empresas y consorcios investigados por presuntamente manipular procesos de compras mediante prácticas irregulares. La medida, amparada en la resolución DGCP44-2025-004600, alcanza a compañías señaladas por formar parte de una estructura organizada dedicada a alterar procesos y afectar la libre competencia.
La institución explicó que la suspensión es una medida cautelar preventiva, no una sanción, destinada a proteger la integridad del sistema de contrataciones mientras avanza la investigación penal que realiza el Ministerio Público. Indicó que permitir que estas empresas continúen operando supone un riesgo grave, debido a los indicios de colusión, falsificación, lavado de activos y otros delitos que comprometen el patrimonio público.
El órgano rector recordó que remitió a la Procuraduría un informe técnico conjunto con la Unidad Antifraude de la Contraloría, donde se documentan patrones coincidentes de participación, intimidación a oferentes y posible vinculación con funcionarios. Testimonios de proveedores afectados describen amenazas y presiones, evidenciando mecanismos de manipulación que distorsionan la transparencia y equidad de los procesos.
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