Crece incertidumbre por pacto migratorio con EE.UU. tras el acuerdo firmado por República Dominicana, en medio de cuestionamientos sobre soberanía y tránsito de deportados.
La firma del acuerdo migratorio entre República Dominicana y Estados Unidos ha desatado una fuerte ola de incertidumbre en el país y también en otras naciones de la región, como Panamá, Costa Rica y Ecuador. El convenio, vinculado al tránsito e ingreso temporal de migrantes extranjeros deportados desde territorio estadounidense, ha generado inquietud en sectores sociales, políticos y mediáticos que cuestionan sus implicaciones para la soberanía nacional.
El debate público gira en torno a si estos países están asumiendo, en la práctica, el papel de “países terceros seguros”, mientras sus gobiernos intentan presentar el pacto como una medida de seguridad y estabilidad estratégica. En el caso dominicano, el Gobierno ha defendido que el acuerdo es temporal, no vinculante, excluye a haitianos, a menores no acompañados y a personas con historial delictivo, y que los migrantes no ingresarán al sistema migratorio local ni podrán solicitar refugio en el país.
Pese a esas explicaciones oficiales, persisten las críticas de sectores civiles, opositores y analistas, que denuncian falta de transparencia y advierten sobre posibles efectos en la soberanía, la logística estatal y los derechos humanos. La controversia también ha escalado en el plano regional, donde medios y ciudadanos observan con recelo el avance de acuerdos similares impulsados bajo el respaldo de Washington.
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