La audiencia de la Operación Nido se pospone al martes debido a la llegada de 30 nuevos querellantes, elevando el total a 117.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional ha tomado una decisión significativa en el caso de la Operación Nido, posponiendo la audiencia clave para el próximo martes 9 de enero. Este aplazamiento responde directamente a la inclusión de 30 nuevos querellantes en el proceso, un desarrollo que ha alterado el curso de la audiencia inicialmente programada para este sábado.
El juez Rigoberto Sena, encargado del caso, ha reconocido la necesidad de otorgar tiempo adicional para que las defensas de los acusados puedan prepararse adecuadamente frente a estas nuevas acusaciones. Andrés Mena, procurador fiscal, explicó a los medios la razón detrás de este cambio: «Con la llegada de 30 nuevos querellantes, es imperativo darles la oportunidad de ser notificados correctamente a la defensa técnica. Por lo tanto, el martes estaremos presentes para proceder con la audiencia de medida de coerción”.
Este incremento en el número de querellantes ha elevado la cifra total a 117, representando más de 300 querellas contra los implicados en la Operación Nido. Según el Ministerio Público, estos nuevos querellantes contribuyen a un aumento considerable en el monto total de la estafa, la cual se calcula ahora en más de 700 millones de pesos.
La Operación Nido ha desvelado un complejo esquema de estafa inmobiliaria que afectó a cientos de víctimas, mayormente personas trabajadoras que realizaron importantes aportaciones económicas para adquirir viviendas que nunca se materializaron. Los acusados, liderados por Emmanuel Rivera Ledesma y otros individuos, así como entidades como Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos (INDISARQ) y CRD Equipos Pesados, SRL, llevaron a cabo actos de falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos.
A raíz de la investigación, el Ministerio Público ha descubierto que Emmanuel Rivera Ledesma intentó activamente disuadir a las víctimas de presentar o mantener querellas contra él y su red. Además, se le acusa de intentar que las víctimas firmaran nuevos contratos y realizaran acciones que pudieran obstruir el proceso de investigación.
Esta situación ha llevado al Ministerio Público a subrayar la importancia de aplicar medidas de coerción efectivas que impidan la destrucción de pruebas y protejan a las personas estafadas. El incremento en el número de querellantes no solo refuerza la gravedad de las acusaciones, sino que también resalta la magnitud del impacto que esta estafa ha tenido en la comunidad.
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