Buscan frenar venta de oro de Barrick Gold en Londres tras denuncias de comunidades de Sánchez Ramírez por contaminación, daños a cultivos y posibles afectaciones a la salud.
Una firma de abogados de Reino Unido inició un proceso ante la London Bullion Market Association para intentar frenar el refinamiento y la comercialización en Londres del oro procedente de las operaciones de Barrick Gold en República Dominicana. La acción fue promovida a partir de denuncias formuladas por comunidades de Sánchez Ramírez, cuyos representantes sostienen que las actividades mineras han provocado contaminación de fuentes de agua, daños a cultivos y posibles afectaciones a la salud. El caso es llevado por el bufete Mishcon de Reya y ha sido presentado ante la asociación que establece estándares para refinadores y participantes del mercado londinense de metales preciosos. The Times
Fernando Peña, coordinador del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, explicó que las comunidades buscan que el oro producido bajo condiciones que consideran contrarias a la legislación y a estándares internacionales no pueda ser refinado ni comercializado. “Lo que se está planteando es que en Londres las autoridades inglesas tomen la medida que la ley allá dice que un oro o un mineral, en este caso el oro, producido en las condiciones que se dan, con el daño que se hace a las comunidades por la violación de la ley, no debe ser refinado”, sostuvo Peña. La LBMA mantiene un sistema de estándares de abastecimiento responsable para los refinadores incluidos en su mercado. LBMA
Las organizaciones comunitarias también tienen previsto presentar sus denuncias durante octubre en escenarios internacionales de Bélgica, Panamá y Canadá. Activistas vinculados al caso llevarán sus planteamientos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras representantes comunitarios expondrán en otros encuentros las consecuencias que atribuyen a las operaciones de Pueblo Viejo en Sánchez Ramírez. Estas acciones buscan ampliar la difusión internacional de las denuncias y promover el cumplimiento de la legislación dominicana y de los estándares aplicables a la actividad extractiva.
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