Cámara de Cuentas remite auditorías a la PEPCA sobre presuntas irregularidades en instituciones, ayuntamientos y partidos, con informes acumulados por años.
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana ha enviado a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa varios expedientes de auditorías sobre presuntas irregularidades cometidas en distintas entidades públicas durante un período que abarca hasta diez años. De acuerdo con las informaciones, los informes corresponden a gestiones auditadas entre 2013 y 2023, lo que evidencia un importante retraso en los procesos de fiscalización estatal.
Entre los documentos remitidos figuran auditorías vinculadas a obras de infraestructura, organismos de seguridad, instituciones del transporte y la energía, así como partidos políticos y gobiernos locales. Algunos de estos informes ya han servido como soporte probatorio en procesos judiciales como los casos Medusa, Coral y Antipulpo. También se citan evaluaciones a entidades como la OPRET, la Junta Central Electoral, la Dirección General de Contrataciones Públicas, el Gabinete de Política Social, la EGEHID, el INDOTEL, la OMSA y varias dependencias estatales y municipales.
El reporte también señala que la actual gestión del órgano fiscalizador intenta reducir el atraso acumulado mediante el envío masivo de expedientes que debieron procesarse hace años. No obstante, la tardanza representa un reto para el Ministerio Público, debido a que el paso del tiempo puede dificultar la obtención de nuevas pruebas y abrir espacio a la prescripción de determinados hechos. Ahora corresponderá a la PEPCA determinar si estos informes contienen elementos suficientes para sustentar nuevas acusaciones ante los tribunales.
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