Cámara Minera pide actualizar la Ley Minera para fortalecer la protección de los recursos naturales y adaptar la normativa a los retos ambientales actuales.
La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana planteó la necesidad de actualizar la Ley Minera, al considerar que el actual marco normativo ya no responde de forma suficiente a los desafíos ambientales y legales del país. En vísperas del Día de la Tierra, la entidad sostuvo que esta reforma es necesaria para garantizar una protección más rigurosa de los recursos naturales y adecuar la legislación a las exigencias de la Constitución de 2010.
Entre las propuestas presentadas, Camipe abogó por el reconocimiento formal de las zonas de exclusión o “No-Go Zones”, donde la biodiversidad y el agua sean prioridades absolutas sobre cualquier actividad extractiva. “Saber dónde no operar es tan importante como saber dónde sí”, afirmó Martín Valerio, director ejecutivo de la entidad, al defender que la legislación debe dar al Estado herramientas firmes para impedir operaciones mineras en áreas donde la ciencia lo desaconseje.
La organización también insistió en que el cierre de minas debe contar con garantías financieras ejecutables desde el inicio de las operaciones, a fin de asegurar la remediación ambiental. Además, reafirmó que el fortalecimiento institucional, la transparencia y el uso de mecanismos técnicos son claves para armonizar el desarrollo económico con la preservación del entorno. Según Pedro Esteva, presidente de Camipe, el país necesita una legislación que no solo aproveche el potencial mineral, sino que proteja el agua y los bosques con base en criterios científicos.
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