Las subastas de vehículos retenidos en República Dominicana enfrentan falta de control y desconocimiento institucional, pese a lo establecido en la Ley 63-17.
Las subastas de vehículos retenidos en República Dominicana evidencian vacíos en su aplicación, a pesar de estar contempladas en la Ley 63-17. Aunque las retenciones son frecuentes por parte de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el destino final de estos bienes tras superar el plazo legal de 90 días no parece estar claramente definido dentro de las instituciones responsables.
De acuerdo con la normativa, cuando un vehículo no es reclamado en el tiempo establecido, puede ser vendido en pública subasta para cubrir gastos como remolque, depósito y otros procesos administrativos. Sin embargo, tanto la Digesett como el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) presentan incertidumbre sobre la ejecución de este procedimiento, incluyendo si se han realizado subastas en los últimos años.
Esta situación ha generado acumulación de vehículos en centros de retención, como el antiguo Canódromo El Coco y el actual Centro Nacional de Retención de Vehículos (Cenvarve). Solo en 2025, miles de motocicletas y automóviles permanecieron sin ser reclamados, reflejando la falta de un sistema claro para su manejo. Mientras tanto, algunos son enviados a subasta, otros convertidos en chatarra, pero sin un protocolo uniforme que garantice transparencia y aprovechamiento adecuado de estos recursos.
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