El asesinato del alcalde Carlos Manzo en Michoacán reaviva las críticas a la política de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum frente al crimen organizado.
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ha desatado un intenso debate sobre la efectividad de la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum. Conocido por su estilo frontal contra el crimen, Manzo fue acribillado el sábado durante un acto público por el Día de Muertos, pese a contar con una nutrida escolta. El político, que había abandonado el partido oficialista en 2024 para postularse como independiente, era célebre por perseguir delincuentes desde un helicóptero y por su discurso de mano dura.
Las autoridades estatales atribuyen el crimen a grupos del narcotráfico que operan en la zona, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Caballeros Templarios. Analistas sostienen que Manzo se había convertido en blanco de las organizaciones por romper la “sinergia” entre el municipio y los cárteles. Su asesinato ocurre apenas dos semanas después del homicidio de Bernardo Bravo, líder de los productores de limón, en una región clave para la exportación de aguacate hacia Estados Unidos.
El caso representa un duro golpe para el gobierno de Sheinbaum, que ha defendido su política de seguridad señalando una reducción de los homicidios en 2025. Sin embargo, la muerte de Manzo ha reavivado las dudas sobre los alcances de su estrategia. En medio de tensiones con Estados Unidos, el crimen también alimenta el discurso de sectores que piden una intervención directa del país vecino para combatir a los cárteles mexicanos.
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