El Estado dominicano se constituye en actor civil contra exfuncionarios e imputados por corrupción en contrato de semáforos del Intrant.
El Estado dominicano se ha constituido en actor civil en el caso de presunta corrupción relacionado con el contrato para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo. La querella fue presentada contra Hugo Beras, exdirector del Intrant; el empresario José “Jochi” Gómez-Canaán, propietario de Transcore Latam y Aurix; y otros implicados, por defraudar al Estado dominicano.
La acción fue depositada ante la jueza Patricia Padilla por los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, en representación del Estado y el Intrant. La querella incluye a varios funcionarios del Intrant, como Frank Díaz Warden, Samuel Baquero Sepúlveda y Pedro Vinicio Padovani Báez, así como a las empresas implicadas en la supuesta red de corrupción y crimen organizado. Aún no se ha especificado el monto reclamado por daños e indemnización.
Entre los delitos imputados figuran desfalco, estafa, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructuras críticas y robo de identidad. Estos están sancionados por el artículo 146.1 de la Constitución dominicana, que proscribe la corrupción administrativa. El Estado se reserva el derecho de ampliar la querella conforme avance la investigación de la Pepca.
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