Agentes de inmigración en EE.UU. están exigiendo a dueños de viviendas información confidencial de sus inquilinos, lo que genera cuestionamientos legales.
El gobierno estadounidense, bajo la administración de Donald Trump, ha comenzado a solicitar a propietarios de viviendas que entreguen contratos de arrendamiento, formularios de solicitud de alquiler, direcciones de reenvío e incluso identificaciones de sus inquilinos, como parte de su campaña contra la inmigración irregular. Algunos de estos requerimientos, aunque firmados por agentes de inmigración, no cuentan con la validación de un juez, generando preocupación entre expertos legales.
Abogados y expertos en vivienda como Stacy Seicshnaydre advierten que estos requerimientos podrían violar la Ley de Vivienda Justa y generar intimidación entre propietarios, quienes podrían entregar datos sin saber si están obligados legalmente. El riesgo, según señalan, es que se cumplan órdenes sin fundamento judicial, comprometiendo la privacidad de personas que muchas veces ni siquiera son notificadas.
Desde la administración se defiende el uso de estos métodos, alegando que el ICE tiene autoridad para obtener información mediante requerimientos administrativos. Sin embargo, persisten las dudas sobre su legitimidad y el alcance de las sanciones que podrían imponerse a quienes se nieguen a cooperar sin una orden judicial.
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